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Todos debemos saber  que la discapacidad  no es sinónimo de incapacidad,  y aunque  la falta de solidaridad que existe en nuestra sociedad  hace que el significado se asemeje, muchos aceptan los desafíos y las dificultades y siguen para adelante; aunque el problema mayor radica en la falta de oportunidades hacia ellos.

Cuando hablamos de discapacidad, no solo nos referimos a las deficiencias físicas, sino también a las sensoriales, a las psíquicas y a las deficiencias de relación; esta última se refiere, a las conductas que dificultan gravemente  la convivencia.

Todas estas personas por sus condiciones especiales sufren discriminaciones y marginaciones y no solo de tipo social sino también laboral. Respecto a este tema laboral, la Organización Internacional del Trabajo, señala que los índices de desempleo se triplican cuando se trata de trabajadores con discapacidad.

Más datos; según informes del Instituto de Estadísticas e Informática  (INEI) la discapacidad afecta al 13.08% de la población; es decir, 3 millones y medio de personas aproximadamente; además de eso, cerca de 860 mil niños discapacitados no reciben educación y solo alrededor de 40 mil asisten a la escuela. Y algo más todavía; 13 de cada 100 peruanos padecen algún tipo de discapacidad.

Si bien estos datos nos dan alguna idea cuantitativa de la población discapacitada, es importante también saber si tienen o no acceso a servicios de salud y rehabilitación; a escuelas, universidades, transporte público y otros servicios.

Para nadie es un secreto de la ausencia de medidas por parte del estado en la promoción de pequeñas empresas para personas con discapacidad, tampoco hay un claro financiamiento para la ejecución de las políticas de rehabilitación. El propio Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) que es un organismo del estado, señala que estas personas en general reciben insuficientes servicios de salud, educación y rehabilitación.

Resulta un tanto paradójico que un ente del estado diga eso cuando la constitución misma a través de la conocida ley 27050 dispone la aplicación de un régimen de protección legal de atención en salud, prevención, rehabilitación, seguridad social, educación y trabajo. Es decir, no se les está garantizando el ejercicio pleno de sus derechos.

A pesar que los discapacitados siguen siendo víctimas de la indiferencia, muchos de ellos han vencido sus limitaciones y están destacando en el deporte, la política, el arte o la empresa privada y eso ocurre también en otras partes del mundo. No cabe duda que la inclusión de estas personas, es un proceso en el que se tiene  que a prender a valorar. Es el enorme desafío que tenemos por delante. 

Hay algo más,  que no quiero dejar en el tintero. No nos olvidemos  que las actuales condiciones de vida de estos tiempos son de alta inseguridad; día a día se nos muestra que cualquiera puede adquirir una discapacidad en cualquier momento, nadie está ajeno a esta realidad; por lo tanto, es hora  de interesarnos más por  este asunto.

Departamento de Prensa / Merardo Ponte